José Ramón Mariño – ATTAC Bizkaia
La Unión Europea y los EEUU de América llevan unos meses negociando un Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP sus siglas en inglés), cuya pretensión es profundizar en la liberalización comercial, que implica no sólo eliminar aranceles, sino fundamentalmente armonizar todas las regulaciones, normas y criterios de ambos. Y una mayor liberalización sólo se puede llevar a cabo de una manera, que es deshaciendo los avances logrados en años, lo que representa una grave amenaza para la salud de los consumidores, para la salud pública y para la seguridad medioambiental, pues su armonización supone equipararlas en definitiva a su menor común denominador. Y lo que está en juego alcanza a los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria, la regulación sobre el uso de sustancias químicas tóxicas, la privacidad de internet, garantías en el ámbito bancario, etc.
La ilusión democrática en la que vivimos, la atención tangencial que hacemos de las cosas, nos impide ser conscientes de que cada vez más otros contestan por nosotros, que se haga lo que se haga el sistema afirma que lo hace por nuestro propio bien y así lo interiorizamos.
Es en este contexto, en el que se desarrollan las negociaciones, sin luz ni taquígrafos, bendecidas por las corporaciones y representantes del lobby neoliberal, en las que no solo subyace un acuerdo comercial y de inversión, sino imponer un modelo político-económico para reducir los derechos de los ciudadanos y revertir los logros sociales para beneficiar los derechos e intereses de las corporaciones, en definitiva rediseñar los modelos económicos después de la crisis y definir un nuevo capitalismo transatlántico, con una apelación al mercado como principio rector de la organización social y económica, y todo ello bajo la idea de que el Tratado supondrá ingentes beneficios para todos, a todos los niveles.
Sin embargo diversos estudios de las evaluaciones de impacto del Tratado permite observar que se han exagerado las bonanzas del mismo, pues los beneficios económicos reales derivados del Tratado en términos del PIB (la propia Comisión Europea en estudios propios concluye que el crecimiento esperado estaría en el 0,1% y el ritmo de crecimiento en un periodo de 10 años, del 0,01% del PIB), el empleo y los salarios reales son muy pocos. Además no se han considerado suficientemente los costes sociales que suponen los cambios regulatorios, que como hemos indicado en párrafos anteriores llegan a suponer una amenaza para las políticas públicas, además de afectar al modelo social europeo.
El tratado también prevé la creación de un consejo de cooperación regulatorio transatlántico que serviría para armonizar las regulaciones de ambos, dejando fuera a los parlamentos y la sociedad civil. Y de importancia capital es el hecho de que se asume que entre el 25 y el 50% de las medidas no arancelarias pueden ser eliminadas, y donde la protección pública más falta hace es donde se asumen las mayores reducciones. Y no olvidemos que el 80% de los beneficios estimados dependen de estas eliminaciones y/o armonizaciones.
Debemos considerar a su vez, los importantes ajustes macroeconómicos que el Tratado supone. Son millones de euros derivados de la eliminación de aranceles, políticas de ajuste de empleo, políticas de formación, etc.
Pero la amenaza más grave que se deriva del TTIP, que llega a suponer un verdadero atentado a la democracia, es la pretensión de conceder a las corporaciones transnacionales el poder de demandar directamente a los Países, si las decisiones de política pública que estos adopten contravienen los posibles beneficios que dejarían de percibir los inversores. Es decir, se otorga a los inversores el poder de cuestionar decisiones democráticas tomadas por estados soberanos y solicitar indemnizaciones si estas afectan a sus intereses económicos. El acuerdo les permitiría presentar sus demandas en tribunales de arbitraje internacionales, en los que a abogados privados se les está dando más autoridad que a los sistema de justicia nacionales. Y ciertamente es difícil de entender, salvo intereses espurios, que sistemas maduros y de cierta confianza como los de la U.E. y EE.UU. desconfíen de sus propios ordenamientos jurídicos y prevean un organismo especial de resolución de controversias entre Inversores y estados.
En definitiva hay mucho en juego, rebelémonos ante el principio de que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, y que este hecho es una ley natural, tal y como la teoría económica dominante plantea, y como individuos recuperemos nuestra propia soberanía y no permitamos que a su vez la pierdan las instituciones democráticas de las que nos hemos dotado. Mostremos nuestra oposición a este Tratado y planteemos una Europa que todavía represente valores: libertad, igualdad, estado del bienestar y defensa de los derechos humanos, porque somos los seres humanos y ellos un trust de mercaderes, la sombra pasajera de la avaricia.
José Ramón Mariño es economista y miembro de ATTAC Bizkaia